
“La paz es fruto de la justicia”.
Esa frase, pintada en un muro de la capital boliviana, me interpeló durante años desde una fotografía colgada en la pared de la habitación de mi amigo Alejandro. Fue una de las tantas tomas que hizo durante su viaje “mochilero” por el norte argentino, Bolivia y Perú, a mediados de los años ’80.
Además de la imagen grabada en la retina, recuerdo el relato de viaje del “Ruso” – tal su apodo- en aquel entonces estudiante de la carrera de Historia, hoy doctor en Relaciones Internacionales y docente universitario.
Volvió impresionado por la realidad boliviana. No tanto por la visita a Tiwanaku, sino por el grado de pobreza, atraso y subdesarrollo que presenció. Y sabemos que vivirlo impacta mucho más que leerlo en una estadística.
Corrían los tiempos del retorno de los regímenes democráticos en América Latina. La crisis de la deuda externa, los Sandinistas gobernando en Nicaragua, la gradual apertura política en Brasil, la lenta y condicionada retirada de Pinochet en Chile (no sin derramar sangre, acorde a su naturaleza), gobiernos afines a la socialdemocracia en Argentina, Ecuador, Perú y Venezuela. Cuba seguía firme, Gorbachov inauguraba la política de “Perestroika y Glassnot”, y ni siquiera el más “revolucionario” de los conservadores reaganianos o tatcheristas siquiera soñaba con la caída del Muro de Berlín y la desaparición del Bloque Socialista.
Pero la URSS “implotó” y los pueblos de Europa del Este hicieron pedazos el muro y los regímenes (más o menos títeres) de Europa Oriental. La ejecución del Dictador (estalinista) rumano Ceaucesco, fusilado por los sublevados frente a las cámaras de televisión, recorrió el mundo.
Con la caída del muro también entraron en crisis las respuestas que el comunismo, los movimientos nacionales de liberación y la socialdemocracia dieron a las demandas de las mayorías populares luego de la Segunda Guerra Mundial. A escala planetaria se impuso un único modelo: el del capitalismo transnacional de libre mercado. El FMI fue el rector económico de este proceso, los Estados Unidos de América su mentor político- militar, los “think thanks” de la nueva derecha sus proveedores ideológicos.
América Latina fue territorio privilegiado para el gran experimento neoliberal a partir de las políticas diseñadas y aplicadas sobre la base del Consenso de Washington. Apertura de los mercados nacionales, flexibilización laboral, desregulación, privatizaciones.
Bolivia no fue la excepción. El mismísimo Paz Estensoro, anciano líder del Movimiento Nacionalista Revolucionario, quien durante la década del ’50, luego del triunfo del levantamiento popular, había encabezado la nacionalización de las minas de estaño y la reforma agraria, comenzó durante su última presidencia el proceso de privatizaciones. Jaime Paz Zamora, veterano líder del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, asume la presidencia tras un pacto con el ex dictador Hugo Banzer – el asesino del líder socialista Marcelo Quiroga Santacruz- , para continuar la política neoliberal. Gonzalo Sánchez de Losada, presidente por el MNR, profundiza el proceso privatizador. El sistema político boliviano se desintegra, víctima de la corrupción y el vaciamiento ideológico de todas las fuerzas, que repiten, con mínimas variantes, el mismo programa.
La resistencia surge, entonces, a partir de los grupos sociales, y a partir de demandas puntuales.
La desocupación masiva y el predominio de estructuras mafiosas en el estado arroja a miles de campesinos al cultivo de coca, como única forma de supervivencia. Una de las grandes hipocresías de las políticas antidrogas de los Estados Unidos es no reconocer el peso que adquirió durante los años noventa la “economía de la cocaína” en las economías andinas, desde Bolivia a Colombia. Con el precio de los comodities alimentarios por el suelo (quien lo diría...), cientos de miles de campesinos se volcaron a producir para la lucrativa “industria del narcotráfico”, que proveía – provee- de drogas ilegales a los mercados – cada vez más masivos – norteamericano y europeo.
Pero no sólo los campesinos cocaleros – grupo de donde emerge Evo Morales- resisten las políticas gubernamentales. La privatización del Agua, un servicio básico al cual pasan a acceder muy pocos, menos aún que los que ya accedían, provoca levantamientos populares. Mientras pierde peso la otrora poderosa Confederación Obrera Boliviana (COB) pues las privatizaciones afectan a su columna vertebral, los mineros, adquieren creciente peso las organizaciones campesinas, de jóvenes desocupados, cuentapropistas, y, lo que es muy importante, los movimientos indígenas, al calor del renacer de las luchas de los pueblos originarios por el reconocimiento de sus derechos culturales, sociales y políticos.
Pero el disparador de la crisis que termina de destruir el sistema político tradicional es la “Guerra del Gas”. En la transición del cambio de siglo se descubren en Bolivia grandes yacimientos de gas. Trasciende a la opinión pública un proyecto, muchas veces desmentido, de entregar la explotación de un buen número de ellos a Repsol YPF a cambio de modestas regalías. Para peor, ese gas sería licuado y envasado para ser transportado a California, USA. Saldría por puertos que alguna vez pertenecieron a Bolivia cuando este país tenía salida al mar. Puertos que perdió a raíz de la derrota en una guerra con Chile a fines del siglo XIX.
Este explosivo cóctel terminó de catalizar la unidad de diversos movimientos sociales en apoyo del Movimiento al Socialismo y la candidatura presidencial de Evo Morales.
Pero no nos engañemos. El proceso que estamos presenciando en Bolivia es producto de la movilización de la gente común, que se agrupó en organizaciones y generó los propios liderazgos a los cuales la dirigencia política renunció, en un acto de suicidio colectivo.
Es un proceso de abajo hacia arriba, en el que los dirigentes, y entre ellos, Evo Morales, son impulsados por las demandas de campesinos, indígenas, obreros, jóvenes, estudiantes, cuentapropistas, habitantes fundamentalmente de La Paz, El Alto y la zona occidental boliviana, la más pobre, postergada y atrasada.
La alta burguesía boliviana, consiente del peligro que para sus intereses significaba – significa- las demandas populares de nacionalización de las reservas gasíferas y las empresas de hidrocarburos, así como el planteo de una reforma agraria que haga más accesible la tierra a los desposeídos, y además garantice el alimento; y la carga simbólica, ideológica y política que conlleva el reconocimiento de la diversidad cultural y las identidades indígenas, generó una estrategia de respuesta política: el reclamo regionalista.
Y tuvo éxito. Resucitó viejas rivalidades entre La Paz y el interior, a las que les agregó un localismo Cruceño – de escasa data, ya que Santa Cruz era un territorio marginal en la Bolivia de hace 40 años- pero que le resultó efectivo para ganar una base social en su área de influencia.
Quizás no tengan la mayoría del país de su lado, pero un eventual triunfo aplastante del “Sí” en el referendo autonómico cruceño es una importante carta política de cara al futuro. No tanto para generar una secesión, sino para desgastar al gobierno de Evo Morales, y fundamentalmente, desmoralizar al movimiento democrático revolucionario.
Pues si bien el referendo es a todas luces ilegal, y el poder legítimamente democrático a nivel nacional es del gobierno del MAS, Morales y su vice, Álvaro García Linera, han decidido tolerar, en los hechos, la realización del mismo.
¿Por qué razón?. El mismo Evo ha denunciado una conspiración de los Estados Unidos detrás del referendo. Razones pueden no faltarle, en el sentido de que la administración Bush nunca simpatizó con la suya, aunque más no sea por las afinidades entre el líder cocalero y el líder de la Venezuela bolivariana.
Pero las razones quizás, también habría que buscarlas en el apoyo amistoso del resto de los países de Latinoamérica, particularmente vehiculizado a través de las gestiones de mediación de la OEA. Si bien José Miguel Insulza y Dante Caputo han tratado de evadir la presión directa de los Estados Unidos, también han tratado de mantener al gobierno del MAS dentro de los “carriles pacíficos” en la resolución del conflicto. Esto, en los hechos, significa renunciar al derecho que tiene todo estado a usar la violencia legalmente legítima en defensa de su propia unidad y existencia – esto, en una definición casi clásicamente weberiana-.
Esta “presión amistosa” de gobiernos asustados por la posible pérdida de un abastecimiento constante de gas – Argentina, Brasil, y porque no decirlo, también Chile vía “triangulación”- y también por las implicancias geopolíticas e ideológicas que podría tener a nivel interno un proceso de transformaciones democráticas llevadas a cabo “de la base a la cúspide”, seguramente se cuenten entre las razones de la “actitud pasiva” del gobierno boliviano.
Presionado por sus propias bases sociales, urgido por los tiempos políticos que le marca la oposición, el gobierno de Evo resuelve en los días que transcurren la nacionalización por decreto de empresas gasíferas, petroleras y de servicios públicos. En la política de los hechos consumados, una forma de condicionar las futuras negociaciones “con el enemigo”. También una forma de calmar a la tropa propia, y un mensaje a los países amigos: en Bolivia tiene lugar un proceso revolucionario que no tiene intenciones de renunciar a socializar los beneficios de la riqueza del subsuelo a los millones de desheredados sin comida, educación, salud y vivienda dignas.