
La novedad es la combatividad de los pequeños productores rurales, quienes protagonizan los “piquetes”, que se hallan, paradójicamente, asociados a los grandes terratenientes, a pesar de las contradicciones que los enfrentan.
Este frente agropecuario unido se reforzó ante el último aumento de las retenciones llevado a cabo por el gobierno de Cristina Kirchner. Las retenciones son un impuesto a las ganancias extraordinarias de la cadena agropecuaria, producto de la constante alza de los precios de los alimentos en el mercado internacional. Las retenciones son un ingreso importante del fisco, que el gobierno utiliza muy discrecionalmente. Pero también evitan que los consumidores internos paguen los alimentos a valor internacional.
Aún así, la inflación, impulsada fundamentalmente por los alimentos, está carcomiendo los ingresos de los argentinos, pero particularmente, de los que menos tienen, que son quienes más gastan, proporcionalmente, en alimentarse.
Un detallado e interesante artículo publicado por el diario Crítica da cuenta de que, a pesar de las manipulaciones del gobierno sobre el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la inflación real, particularmente de los alimentos, ha sido de entre el 30 al 40% durante los pasados 12 meses, lo cual está comenzando a malograr la salida de la pobreza y la recuperación salarial producto de la tasa de crecimiento al 8% anual del PBI.
La dureza del enfrentamiento entre el gobierno y los productores agropecuarios, pequeños, medianos y grandes, obedece, sólo en parte minoritaria, a cuestiones ideológicas.
Lo que está en disputa es la renta diferencial producto del aumento de los valores internacionales de los comodities agropecuarios, un dinero extra, que, bien empleado, puede ayudar a la recuperación de la estructura productiva y la reconstrucción social de la castigada argentina.
Pero lo fundamental de la pelea en la coyuntura es que la inflación de los precios alimentarios a nivel interno está privando a un tercio de los argentinos, los más pobres y castigados por la crisis del 2001, a la subalimentación, vulnerando un derecho social básico. De más está decir que estos grupos sociales, según se vio por el resultado de las últimas elecciones, son la base social histórica del Partido Justicialista, y quienes le dieron la victoria al matrimonio Kirchner.
Lo preocupante no es tanto la ceguera política del ex presidente y su esposa, que entre marchas, contramarchas, contradicciones, internas entre ministros, patotas sindicales y enfrentamiento con los medios está tensando la cuerda, quizás, más de lo conveniente.
Lo preocupante es que pueda llegar a estar generándose en Argentina una sociedad de “Tres tercios”.
Un tercio “de arriba” sectores de clase media-alta y alta, beneficiados por el modelo de acumulación basado en el dólar alto, las exportaciones agropecuarias y el desarrollo industrial, y, paradójicamente, hipercrítico del gobierno, desde posiciones notoriamente conservadoras en lo social y político.
Otro tercio, de clases medias y medio-bajas, beneficiado por la recuperación económica, que simpatizaba – o no veía hostilmente- al gobierno K, pero al que la inflación, ciertos rasgos verticalistas y autoritarios en el gobierno, y sonados casos de corrupción, están aproximando a las propuesta electorales más conservadoras, como las del empresario Mauricio Macri, o las de una líder progresista que cada vez coquetea más con el centro derecha, como Elisa Carrio.
Y un tercer sector, el proletariado más castigado y socialmente excluido, el que no pudo, o apenas pudo, salir de la pobreza, y al que la inflación y las presiones del campo estarían condenando a la subalimentación.
Cabe preguntarse si entre la carencia de un proyecto político claro por parte de la administración Kirchner, y las posiciones ultraconservadoras de los sectores más acomodados de la sociedad, queda espacio para una democracia que garantice los derechos sociales, económicos y culturales de la mayoría de los argentinos, empezando por los que menos tienen.

