El "mal ejemplo" boliviano

Excepción hecha de Brasil, y en parte, también de Argentina, el resto de las naciones sudamericanas viven, primordialmente, de sus recursos naturales o la producción agropecuaria. Verbigracia: Chile del cobre, la madera y los frutales. Uruguay de las carnes y la pasta para papel. Venezuela y Ecuador del petróleo. Bolivia, del gas.
En todos ellos el control sobre estos recursos significa, al menos, dos cosas: influencia sobre la conformación de la balanza de pagos, y fundamentalmente, dominio sobre la renta que genera esa exportación.
Si vamos al corazón del conflicto boliviano – corriendo el riesgo de un “reduccionismo economicista”- podemos decir que lo que se disputa es el control sobre la riqueza que genera la explotación y exportación de gas. La nacionalización de esta industria llevada a cabo por el gobierno de Evo Morales tiene el objetivo de sostener en el tiempo la explotación de este recurso y repartir equitativamente sus beneficios entre todos los bolivianos. Si lo está haciendo con eficiencia, o si podrá lograrlo en un futuro, es otro punto de discusión.
Pero si nos detenemos en los últimos acontecimientos que convulsionan a Bolivia de cara al referendo del domingo 10 de agosto, podemos encontrar claros ejemplos al respecto.
Los prefectos de la “Media Luna” (departamentos gobernados por opositores al gobierno del MAS) y representantes de instituciones como los Comités Cívicos, asociaciones empresarias, y etc., han iniciado una huelga de hambre para reclamar por un porcentaje de las rentas hidrocarburíferas que el estado nacional destinó a crear un sistema de pensiones mínimas para los ancianos sin ningún tipo de cobertura económica y social, junto a un plus para los ya jubilados. En total serán 800.000 los beneficiarios de esta iniciativa denominada “Renta Dignidad”.
Lo cual llevaría a pensar que debajo de las reivindicaciones regionalistas se esconde el afán de rapiña de una alta burguesía acostumbrada a vivir en un país en donde la miseria de la mayoría es una cuestión “naturalizada” por siglos. Así como el racismo.
Por otro lado, un enfrentamiento entre mineros y las fuerzas de seguridad se cobró la vida de dos trabajadores. La Confederación Obrera de Bolivia (COB) movilizaba a sus bases en reclamo de una ley que reemplace el sistema de jubilaciones privadas, herencia de los gobiernos neoliberales. Las autoridades han planteado una transición a un sistema intermedio, pero la COB reclama una transformación inmediata.
A raíz de estos graves incidentes, Jaime Solares, secretario de la central obrera – antiguo adversario ideológico y personal del presidente – acusó al gobierno del MAS de ser un “agente del imperialismo”. La respuesta no se hizo esperar, y desde el ejecutivo se acusó a Solares de ser cómplice de la desestabilización golpista llevada adelante por la “oligarquía”.
Entre algunas fuerzas de izquierda bolivianas – y algunas latinoamericanas- existen dudas sobre las cualidades revolucionarias de Evo y su gobierno. Pero resulta claro que las fuerzas de derechas locales – y también las continentales – no tienen dudas respecto de que el éxito de un proceso “heterodoxo” en términos económicos, que utiliza al estado como palanca de administración de la producción de un bien estratégico y de la redistribución de la riqueza generada por este, es una herejía cuyo “mal ejemplo” no debe propagarse.