La tragedia de Colombia en la encrucijada continental

Las atrocidades de la guerra civil sistémica que desde hace 5 décadas desangra a esa república ocupan espacio en los telediarios y las páginas de los periódicos. Pero es conveniente trascender el “espectáculo del horror” mediático para comprender las razones de su origen, junto a las soluciones necesarias y posibles para una tragedia que, por la importancia geopolítica que ha cobrado, involucra a pueblos y gobiernos de la región.


El conflicto colombiano hunde sus raíces en la historia económica, social y política de ese país. Pero reconoce un punto de inflexión en el siglo XX con el asesinato del líder progresista Osvaldo Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948.
Como “Bogotazo” se conoce a la explosión de ira popular que produjo el magnicidio de este carismático líder del partido Liberal, con orígenes ideológicos en la izquierda, que ya había dado pruebas de sus valores democráticos como alcalde de Bogotá y ministro de educación, muerto cuando se aproximaba a ganar las elecciones presidenciales.
La frustración de las expectativas de cambio que tenían la mayoría de los colombianos derivó en la agudización de las luchas que, en el interior rural de Colombia, llevaban adelante incipientes guerrillas Liberales y Conservadoras.
Calificados de “bandidos” por la gran prensa nacional, estos grupos armados reflejaban, en sus inicios, el profundo descontento de la población campesina (mayoritaria demográficamente en ese entonces) con sus miserables condiciones de vida y de trabajo, derivadas de la concentración de la tierra en pocas manos.
La Revolución Cubana, con su indudable influencia en toda América Latina, llevó a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el grupo guerrillero Liberal más importante, conducido entonces, como hoy, por una leyenda viviente como lo es el comandante Manuel Marulanda (alias “Tirofijo”), a asumir posiciones ideológicas próximas al marxismo leninismo en versión castrista.
Esta etapa política colombiana está signada por el acuerdo para la alternancia gubernamental de los dos grandes partidos históricos de ese país (Liberal y Conservador). Lo que produce la paradoja de estabilizar el sistema político, en el marco de una lucha entre ejército y guerrillas que se libra en el campo. Existían, y existen importantes zonas del territorio nacional sobre las que el estado no ejerce soberanía plena. Sin embargo, esta situación se fue asumiendo como “normal”, en la vida política del país.
Si la declaración del “carácter socialista” de la revolución en Cuba significó la entrada de “pleno derecho” de la Guerra Fría y la “Doctrina de la Seguridad Nacional” proyectada por los Estados Unidos en nuestro continente, también significó el comienzo de la internacionalización del conflicto interno colombiano, escalada que ha llegado a su clímax en el presente.

Las cosas se complican (aún más)...

De todas maneras, el salto cualitativo en términos políticos y militares del conflicto se produce durante la década del ’80, justo en la retirada de la oleada de dictaduras militares que asoló América Latina durante los años ’70, con su secuela de violaciones a los Derechos Humanos.
El asalto del palacio de justicia por el Movimiento 19 de Abril en 1985 (una guerrilla que luego se desmovilizó y participó del juego político, muchos de cuyos dirigentes fueron asesinados por paramilitares), que culminó en una matanza de proporciones, simboliza la dimensión política que cobró la violencia político social de las fuerzas guerrilleras.
En este punto, las cosas se vuelven aún más difíciles por el crecimiento de uno de los negocios más lucrativos del mundo: el narcotráfico, que según estimaciones mueve unos 500.000 millones de dólares al año. Colombia produce 2/3 de la cocaína del mundo, lo cual puede dar una idea de las cifras involucradas.
El narcotráfico se convierte en uno de los rubros económicos más importantes (sino el más importante) de Colombia. E invade la vida institucional del país: partidos, estado, sindicatos, fuerzas de seguridad y Fuerzas Armadas. También, a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), al Ejército de Liberación Nacional (ELN) -las dos guerrillas izquierdistas operantes más fuertes- y a las emergentes Autodefensas Unidas de Colombia (AUC): grupos paramilitares de extrema derecha que actúan con la anuencia, sino con la colaboración, de las FF.AA. y el aparato de seguridad.

La impronta de los Estados Unidos: el “Plan Colombia”

La década final del siglo pasado se caracteriza por el despliegue, a escala planetaria, de los proyectos elaborados para el mundo por la Comisión Trilateral, desgranados en su informe de 1975.
Esto consistió en la aplicación de macropolíticas económicas neoliberales en casi todos los países capitalistas del planeta, y aún aquellos provenientes del “socialismo real” en proceso de transformación. Las consecuencias sociales y políticas más agudas se hicieron sentir precisamente en estos últimos países, y en aquellos de la periferia del sistema capitalista que no supieron, o no pudieron, sortear con éxito los resultados de desocupación y ascenso de la pobreza que conllevaron la aplicación de estos modelos.
América latina no fue la excepción. El consenso de Washington fue el programa desarrollado durante estos años, con su secuela de privatizaciones, desmantelamiento del estado y librecambio a ultranza, que perjudicó a trabajadores, campesinos, pequeños y medianos productores agropecuarios e industriales, y aún a grandes empresas vinculadas al mercado interno que no alcanzaron a reubicarse en el nuevo esquema.
Para Colombia esto significó el aumento de la pobreza y la desocupación en los grandes centros urbanos, pero también en el campo, que aún concentra al 37% de la población sobre un total de unos 42 millones de habitantes.
Muchos campesinos abandonaron los cultivos tradicionales por el de la hoja de coca, como corma de sobrevivir económicamente. Particularmente los jóvenes desocupados (e inclusive los niños) se convirtieron en mano de obra a reclutar por los poderosos carteles del narcotráfico, las UAC, las FARC o el ELN. El delito se volvió endémico en la sociedad colombiana.
A pesar de los esfuerzos realizados por varios presidentes, como Andrés Pastrana, por llevar adelante conversaciones de paz, involucrando a los factores internos y a la comunidad internacional, estos han sido hasta ahora infructuosos.
Quizás tenga que ver en estos escasos resultados la actitud tomada respecto de la situación por la potencia hegemónica continental, los Estados Unidos de América.
Durante los últimos 30 años las distintas administraciones, tanto Republicanas como Demócratas, han definido su política hacia Colombia sobre dos ejes: lucha contra el narcotráfico, y contrainsurgencia. La hipótesis es que para cortar con el tráfico de drogas en Nueva York, es necesario proceder a militarizar el campo colombiano. De paso, se lograría simultáneamente frenar la expansión del “fantasma castrista” (hoy bastante alicaído, por cierto), pero que en las mentes de muchos asesores de la Casa Blanca parece tener existencia real y corpórea.
El último de los engendros geoestratégicos del Departamento de Estado y el Pentágono es el “Plan Colombia”. Consiste en aporte financiero de ayuda al desarrollo y la seguridad, con un fuerte acento colocado en la seguridad, más que en el desarrollo. Su objetivo es erradicar el cultivo de hoja de coca (algo utópico si no se modifican las cuestiones estructurales del campo y la economía colombiana), y desmantelar a las organizaciones de narcotraficantes, paramilitares y guerrilleras que controlan sectores importantes de la geografía nacional, recuperando su soberanía para el Estado.
Esto, en teoría. En la práctica, contribuyó a limitar las opciones de solución política al conflicto, incrementando la espiral de violencia sin fin que sacude a la sociedad colombiana. El hastío de la mayoría de la población llevó a la presidencia del país a un político del partido Conservador muy particular, Álvaro Uribe.
Su prédica de una solución final mediante la victoria militar sobre las fuerzas insurgentes, particularmente las guerrillas izquierdistas, caló hondo en sectores importantes de la población. Esta prédica resultó coincidente con el planteo de la administración Bush (hijo), sumamente proclive a las soluciones militares, como lo demuestra la situación iraquí.
Uribe incrementó las acciones militares sobre las fuerzas insurgentes, y en paralelo, promovió una legislación que ofrecía penas de leve o mediana gravedad a aquellos paramilitares o guerrilleros que abandonaran las armas.
Como se viene dando el proceso, esta parece una legislación hecha “ad hoc” para los paramilitares de las Autodefensas Colombianas, varios de cuyos jefes, además de estar acusados de gravísimas violaciones a los DD.HH., son reclamados en procesos de extradición por la justicia de los mismísimos Estados Unidos.
El proceso de desarme y literal amnistía ha sido objetado fuertemente por un informe de Human Right Wach titulado "Las apariencias engañan", que afirma los vínculos de los paramilitares no sólo con las fuerzas de seguridad, sino con importantes sectores del poder político local.
El profesor de Derecho Carlos Gaviria, que obtuvo el 23 % de los votos como candidato a presidente por la coalición Polo Democrático en las elecciones de mayo del 2006, mismas en las que Uribe fue reelecto por una abultada mayoría, aunque con la participación electoral del 42% de la población, afirmó en una rato amargo al presidente Uribe en su visita a las autoridades de ese país, con el objeto de agilizar el Tratado de Libre Comercio, y el giro de fondos por el Plan Colombia.
Pelossi le “exigió” amablemente a Uribe que explique la situación de Derechos Humanos en su país, que recoge la friolera de 60.000 asesinatos y 4.000 desapariciones de personas en la última década, y de 2,5 a 3 millones de desplazados, población que debió retirarse de sus tierras y hogares en territorios donde son víctimas del fuego cruzado ente las FF.AA., los paramilitares y las guerrillas.
Parece que las bancadas Demócratas, que hoy controlan el Congreso de los EE.UU., no están dispuestas a seguir financiando el Plan Colombia si no hay una mejora sustancial en la situación de Derechos Humanos. Por otro lado, los sindicatos estadounidenses, muy influyentes dentro del Partido, se oponen a los TLC, por el perjuicio que producen sobre la ocupación de mano de obra estadounidense. Al parecer, el tobogán en el que han caído los halcones militaristas del partido Republicano opaca la estrella internacional de Uribe.

La paradoja geopolítica del conflicto

Esto, en el marco de una variación en el pensamiento estratégico de los sectores duros de la derecha norteamericana, tanto en los ambientes académicos y políticos, como en el pentágono.
Estas posiciones se pueden resumir en el siguiente análisis: Colombia ocupa una posición privilegiada por acceso a la valiosa cuenca petrolífera del caribe, a partir de sus fronteras con Venezuela. También por el acceso a la riqueza en biodiversidad de la Amazonia, ya que comparte esa frontera regional con Brasil. A su vez, la proximidad con Ecuador y Perú le da acceso al corazón del Macizo Andino, que se encuentra en proceso de ebullición política y social.
Uribe llegó a sugerir públicamente, en uno de los momentos álgidos de confrontación entre el gobierno venezolano de Hugo Chávez y la administración Bush, que Colombia debía recibir una fuerza multinacional amparada por la OEA para solucionar su situación bélica interna.
Este planteo, bastante cercano a ciertos proyectos intervensionistas estadounidenses que consideran a Colombia un “portaviones estratégico” en el corazón de la naciente Unión Sudamericana de Naciones, fue rechazado inmediatamente por las chancillerías del bloque, con Brasil y Argentina a la cabeza. La lectura de que se intentaba desestabilizar al régimen de Chávez, e inclusive, generar un conflicto fronterizo para legitimar una invasión “multilateral” a Venezuela, realizando los países latinoamericanos el “trabajo sucio” a los Estados Unidos, fue el sustrato de la decisión de la diplomacia regional.
Lo que todavía está faltando es la asunción, tanto en gobiernos como en medios de comunicación y opinión pública del continente, de la gravedad humanitaria del conflicto, y la importancia de una solución democrática, la única posible, para la estabilidad política y económica de América Latina.
Falta la decisión de la Comunidad Sudamericana de impulsar el diálogo político entre las fuerzas operantes, bajo el paraguas de las instituciones multilaterales, y con la participación de los sectores democráticos de la sociedad colombiana.
El desarme de todas las fuerzas insurgentes sería un primer paso, en el marco de las investigaciones por verdad y justicia para las víctimas. Por otro lado, Colombia necesita reformas estructurales en su economía y sistema político, que deben incluir desde una reforma agraria que ponga en marcha al potencialmente poderoso sector agropecuario del país (sacándolo del monocultivo de coca), hasta la ampliación y transparencia de las instituciones republicanas, para garantizar la democracia política.
En definitiva, una solución latinoamericana para un problema claramente regional.